Cualquier conflicto legal de contenido económico implica un riesgo determinado así como una pérdida en tiempo y recursos económicos, administrativos y de otra índole.
La transferencia, parcial o total de estos costos y riesgos a inversores especializados puede ser en estos casos la solución eficiente.
Asimismo, la posibilidad de convertir estos activos litigiosos en activos financieros sirve para dinamizar los flujos de recursos, asegurando un medio importante para el financiamiento corporativo.
Las operaciones de legal finance no constituyen un crédito, y por lo tanto no afectan la capacidad crediticia de los individuos y corporaciones, ni tienen por lo general requisitos especiales de publicidad.
Se trata de operaciones de transferencia de riesgo asimilables a las de venture capital que tiene como activo subyacente un crédito o derecho en disputa.
El financiamiento puede estar destinado a cubrir total o parcialmente los gastos legales involucrados en el proceso judicial o arbitral como aún extenderse a la adquisición total o parcial del crédito mismo.
Para que un determinado crédito o reclamo resulte elegible deben evaluarse determinadas circunstancias que se relacionan con la validez y vigencia del derecho, la identificación y solvencia del deudor, el grado de avance en el proceso de reclamo, la complejidad de la materia, etc.
Estos elementos determinarán en cada caso tanto la elegibilidad del crédito como los términos de la solución.
Para el éxito de una operación de legal finance resulta de gran importancia la colaboración de los asesores legales que ya se encuentran involucrados en el tema.